![]() El Banco Mundial presta millones y exige perspectiva de género Santiago Spaltro Son US$ 1.000 millones para tarifa social. El organismo pide políticas contra el cambio climático. sspaltro@clarin.com El Gobierno aprobó la semana pasada dos contratos de financiamiento para tomar deuda pública con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo de desarrollo del Banco Mundial, por unos 1.000 millones de dólares, destinado a reestructurar el esquema de subsidios a la energía eléctrica y el transporte público por colectivos. Los programas buscarán entre 2025 y 2027 orientar la ayuda del Estado nacional exclusivamente a los usuarios más vulnerables mediante una tarifa social. Así, se eliminará el actual esquema de segmentación de tarifas a la energía (luz y gas) en todo el país. Otra meta del Gobierno es reducir los subsidios a los colectivos -solamente destina recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, aunque eso tiene un mayor impacto a nivel social y en la inflación. Las cláusulas de los contratos, que figuran en los anexos de los decretos 1041/2024 y 1043/2024, publicados este lunes 25 en el Boletín Oficial, establecen que la Argentina se comprometerá a desarrollar "capacidades institucionales" y orientar los recursos del Estado con "perspectiva de género", así como también la prevención y la respuesta ante el "acoso sexual" en el transporte, y la mitigación del "cambio climático". Los contratos de préstamos BIRF 9740 y 9747 para la Argentina fijan condiciones sobre las cuales La Libertad Avanza (LLA) habitualmente fija una postura contraria, por los valores de su "batalla cultural", en relación a su mirada respecto a la "Agenda 2030". Incluso el presidente Javier Milei ordenó hace unas semanas retirar a la delegación local de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 en Baku, Azerbaiyán. El Banco Mundial aprobó estos créditos en Washington, pero sus desembolsos recién empezarán el año que viene. El Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad y Equidad del Transporte Público otorgará US$ 500 millones y establece criterios para la "elegibilidad" de usuarios a recibir subsidios mediante un programa de tarifa social, que deberá vincular los datos individuales que tienen los distintos organismos del Estado sobre las personas con registros del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Algunos de sus objetivos son "fortalecer la inclusión" de personas con discapacidad, "apoyar la prevención y respuesta contra el acoso sexual" en el transporte público y "apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático". En Washington. Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Menciones: ceco1 cfinanE
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