29/11/2024 La Nación - Nota - Economía - Pag. 18
Desde el lunes se podrán derivar aportes salariales a una prepaga de forma directa
Ignacio Grimaldi LA NACION
desregulación. Se pone en marcha un registro de entidades que deberán recibir afiliados sin mediación de una obra social; el Gobierno quiere cambios en el sistema de discapacidad
El próximo lunes se pondrá en marcha el registro de agentes de salud en el que estarán todas las obras sociales y las prepagas que reciben aportes salariales del sistema de seguridad social. Al estar allí inscriptas, sin opción, todas las entidades deberán recibir de manera directa, sin intermediarios, el dinero de los aportes, si el trabajador lo solicita. Así lo confirmaron funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que ganó protagonismo durante la puja con las prepagas por las subas de cuotas, que el propio Gobierno había liberado.
Las autoridades consideran que, con la novedad, en el sector se viene "una motosierra que no corta el árbol, sino que lo deja más lindo". Pretenden que sea el fin de los contratos de triangulación entre empresas prepagas y obras sociales, vigentes desde hace décadas.
Semanas atrás, el ministro de Salud, Mario Lugones, les había dicho a los dueños de las principales prepagas -hasta ese entonces díscolas para anotarse en el registro para recibir aportes sin el esquema de triangulación-, que sería obligatorio inscribirse si quieren seguir con planes financiados en alguna medida por los aportes de la seguridad social. Y eso fue establecido mediante la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, de principios de octubre, que fijó el 1° de diciembre como fecha de su entrada en vigencia. De esta manera, a partir del próximo lunes cualquier afiliado podrá solicitar que sus aportes vayan directamente a las arcas de la empresa de medicina privada.
Según fuentes oficiales, son 4,3 millones las personas que podrían solicitar el fin de la triangulación, a través de un sitio que habilitará Salud. Es decir, los afiliados elegirán si continúan con la derivación de fondos a obras sociales o si piden interrumpir este esquema, al que en el Gobierno catalogan como "el peaje de la salud". La comisión cobrada por la intermediación representa entre un 3% y 7% del valor del servicio, según el caso, según los funcionarios. Quitar ese costo podría redundar en cuotas más bajas o en menores subas, pero eso dependerá de las decisiones de las prepagas.
En la superintendencia dijeron que se trabaja en una adaptación de la app Mi Argentina para que un usuario pueda ver cuánto de sus aportes va a la prepaga y cuánto a una obra social. Según dijeron, solo en noviembre la triangulación absorbió $41.158 millones.
Los fondos de la triangulación representan un poco más del tercio del monto que va al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), al que se destina el 15% de los aportes.
Entre otras cosas, el FSR y según detallaron en la Superintendencia, debe cubrir los gastos para atención médica de personas con discapacidad. Y en este punto el Gobierno planea abrir un gran debate que puede impactar con fuerza en las cuentas de los gobernadores.
Los números de la Superintendencia muestran que la cantidad de afiliados al sistema de la seguridad social con discapacidad que recibieron ayuda del FSR (alimentado con aportes de los trabajadores) aumentó 13,5% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de este año.
A su vez, en la dependencia afirman que el subsidio per cápita aumentó 150,7% para el mismo período; es decir, por debajo de la inflación, que hasta octubre acumuló una variación interanual de 193% . Sin embargo, al tener en cuenta solo lo sucedido durante este año, el subsidio per cápita subió 132,5%, cifra que se ubica por arriba del 108,4%, el nivel en que variaron los precios en la categoría "salud" del índice elaborado por el Indec.
Pero la discusión que plantea el Gobierno y que puede impactar en las cuentas provinciales no es el grado de cobertura que reciben las personas con discapacidad. El debate pasa por quién debería hacerse cargo de los costos de algunos servicios, que hoy se pagan con recursos del mencionado fondo solidario del sistema. En noviembre esas coberturas demandaron $88.225 millones y en lo que va del año, $671.530 millones. De acuerdo con cálculos de funcionarios de Salud, dos tercios de ese dinero se destinó a gastos de educación y transporte.
Más allá de señalar que detectaron facturaciones truchas o con errores humanos, los funcionarios dicen que educación y transporte son funciones que les corresponden a lasju- risdicciones. Por lo tanto, proponen que las provincias se hagan cargo de dicha erogación, que en 2024 ronda los $450.000 millones.*
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| #93903579 Modificada: 29/11/2024 05:01 |
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