![]() IMPACTO EN EL BOLSILLO Las subas de tarifas en diciembre irán de 2% a 3% Martín Bidegaray El Gobierno estima que el grueso de la corrección en las boletas de servicios públicos ya se hizo. Apuntará a inconsistencias en los subsidios. Quieren ahorrar por menos subvenciones mbidegaray@cronista.com El último ajuste de tarifas del año fue el más bajo, tal como se esperaba. El Gobierno venía manejando una pauta del 3%, y fue lo que terminó aplicando. Ese fue el incremento en combustibles y aguas, mientras que gas quedó cerca de ese número -subirá 2,7% en diciembre- y luz, un escalón más abajo, con un 2%. El Gobierno seguirá ajustando las tarifas en 2025, pero con un ojo puesto en la inflación. En el sector preanuncian que vendrán recomposiciones más "puntuales", es decir sobre algunos sectores que cuentan con subvenciones, beneficios o descuentos. Hay, al menos cinco millones de hogares, que están mal asignados a la hora de recibir subsidios. El dato proviene de un trabajo de la secretaría de Energía. Y en el Ejecutivo creen que -durante 2025-, la prioridad es trabajara para corregir esos errores -heredados del anterior registro de subsidios- más que en aumentos generalizados. De todas formas, aún está pendiente una revisión tarifaria quinquenal. La secretaría de Energía la había anunciado para diciembre, pero luego se revirtió esa decisión y quedó postergada hasta nuevo aviso. Durante 2024, las boletas de gas tuvieron una recomposición superior al 560%, mientras que las de agua escalaron un 305%. Energía eléctrica fue el rubro que menos subió, con un 190%. Un hogar promedio de AMBA destina $ 19.000 mensuales a las boletas de gas, $ 27.000 a las facturas de agua y $ 32.000 a las de luz, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (Uba-Conicet). Según ese relevamiento, el gasto mensual en transporte excede los $ 56.000. El Gobierno se encamina a realizar cambios en el sistema de subsidios en las tarifas de luz y gas. Hasta ahora, hay más de 11 millones de hogares que reciben ayuda estatal para sostener descuentos en sus boletas. Se trata de los hogares de menores ingresos y también los de clase media (un grupo familiar que sume menos de $3,4 millones mensuales). Las subvenciones estatales son asignadas a través del registro de subsidios. El Gobierno encontró problemas en el 30% de los beneficiarios. Los datos allí recopilados no son consistentes con los existentes en el Sintys, un registro de la situación social y económica de los ciudadanos, que también está bajo la órbita estatal. Hay 5 millones de hogares que están pagando casi el costo total de los servicios que consumen. Lo que abonan en sus boletas cubre el 88% de lo que sale el gas que reciben y el 93% de la electricidad que consumen. Allí podría haber futuras recomposiciones por inflación, pero el grueso de la tarea ya parece hecho. Es en los denominados sectores N1. Son de ingresos altos, o que no se anotaron en el registro de subsidios. El próximo foco estará en los otros 11 millones de hogares que pagan por la luz entre 60% y 75% menos de lo que cuesta la prestación de ese servicio. Ese beneficio también alcanza a la distribución de gas. La secretaría de Energía -que depende del ministerio de Economía- tiene en la mira una modificación para sectores de ingresos bajos y medios. El objetivo es reducir las subvenciones que destina a esos 11 millones de hogares. Durante este año, se calcula que habrán destinado alrededor de u$s 6.000 millones en subsidios a clientes residenciales de luz y gas, mientras que la proyección es que ese monto baje a menos de u$s 4.000 millones en 2025. El ahorro de esos u$s 2.000 millones llegaría por dos vías: menores costos para el funcionamiento del sistema -por mayor disponibilidad de gas en la generación eléctrica- y algunos subsidios que se irán recortando. El otro camino para llegar a un menor gasto en subsidios es el aumento en las boletas de luz y gas. Los sectores de bajos ingresos (son denominados N2) pagan por la electricidad apenas un cuarto de lo que cuesta. Allí hay más de ocho millones de hogares que Energía tiene en observación. Lo mismo sucede con los de ingresos medios (N3), donde también faltan datos que permitan sostener los beneficios económicos que reciben. Hay un millón de beneficiarios de tarifas sociales de los que "no se cuenta con información socioeconómica que pueda ser verificada", según explicó el Banco Mundial en un documento, en base a datos que trabajó junto a la secretaría de Energía. "Se pasaría de un subsidio a la empresa a una subvención directa al hogar", grafican quienes vienen estudiando este modelo. La prioridad de Energía para los próximos meses es que no haya cortes de luz. Para eso, dispuso "realizar todas las acciones que permitan obtener energía eléctrica de los países limítrofes en horas de elevada exigencia en días críticos". Eso incluye "Incorporar un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a potencia disponible y generación, que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmica". En ese plan, se buscará que el "procedimiento de despacho de carácter excepcional esté a cargo de Cammesa", la administradora del sistema eléctrico. El anterior secretarío de Energía (Eduardo Rodríguez Chirillo), buscaba bajar la injerencia de Cammesa en el despacho y que las generadoras puedan negociar precios con las distribuidoras con menos intervención de la mayorista de control estatal. Un hogar en AMBA gasta un promedio de $ 19.000 mensuales en gas, $ 27.000 para agua y $ 32.000 a luz. Los sectores de altos ingresos ya pagan un 90% del costo de luz y gas. Los de menores ingresos, un cuarto. Menciones: ceco1 cfinanE
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